América Latina y el Caribe y la Unión Europea: una relación importante ante la crisis climática

(VERSIÓN INGLÉS ABAJO)

Por: Dra. Sandra Guzmán, Directora General, GFLAC

Los días 17 y 18 de julio se llevará a cabo un encuentro entre representantes de los países de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. Este encuentro no se había dado anteriormente debido a la pandemia y otros problemas que afectan a ambas regiones, pero es fundamental para diseñar una agenda común frente a múltiples crisis globales, como la de salud, la económica, la guerra y la climática. En este contexto y con el objetivo de avanzar hacia una agenda integral, también se reunirán los días 13 y 14 de julio en Bruselas representantes de la sociedad civil, la academia y otros sectores clave de estas regiones, con el fin de construir propuestas que serán presentadas ante los gobiernos.

Es evidente que el escenario actual al que se enfrenta el mundo no es óptimo para el desarrollo de ninguna de las dos regiones. Las diferencias económicas y sociales crean una brecha significativa que, en lugar de acercarlas, las aleja. No obstante, existe un creciente interés en fortalecer no solo la cooperación, sino también la colaboración en temas críticos que definirán el futuro de las poblaciones y los territorios en ambas regiones.

Ante este escenario, en el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), como participantes del espacio de trabajo de la sociedad civil, hemos identificado al menos cinco áreas urgentes en el contexto de la crisis climática que es necesario posicionar en la agenda de ambas regiones y enfatizar su implementación. Estos cinco temas no son exhaustivos, pero forman parte de una transformación urgente que permitirá avanzar hacia un bienestar de bajas emisiones y resiliencia climática, con un enfoque en justicia climática, equidad y respeto a los derechos humanos y de todas las especies en ambas regiones.

1. Acelerar la transición energética justa: El combate al cambio climático es un imperativo y es bien sabido que la única forma de lograrlo es reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en aquellos sectores que contribuyen en mayor medida a estas emisiones, como el sector energético y el de transporte. En este sentido, si bien ha habido una creciente inversión europea en la transición energética y en la electrificación del transporte en América Latina y el Caribe (LAC), esto no se ha llevado a cabo con un enfoque de justicia y derechos humanos, que considere el bienestar de la población. El éxito de las intervenciones financieras entre ambas regiones dependerá de este bienestar social, por lo que las inversiones y la cooperación en la transición deben ser justas, evitando aumentar las brechas de desigualdad y generando bienestar para la mayoría de la población, al tiempo que se evitan externalidades negativas ambientales y sociales.

Medidas como el mecanismo de ajuste de carbono en las fronteras (conocido en inglés como Carbon Border Adjusment Mechanism) promovido por la Unión Europea para reducir emisiones, debe venir acompañado de medidas que ayuden a los países en desarrollo a mejorar sus esquemas de producción y adopción tecnológica para cumplir con ella, en lugar de ser una imposición que puede tener consecuencias económicas y sociales adversas.

2. Acelerar el financiamiento para la adaptación: Durante años, se ha considerado al sur global como la región más vulnerable a los estragos del cambio climático. Sin embargo, las olas de calor en Europa en la última década, los incendios cada vez más frecuentes y otros impactos han demostrado que los países europeos también son vulnerables, aunque su capacidad de respuesta es diferente, lo que genera una brecha entre ambas regiones. Ante esta situación, es necesario incrementar de manera urgente el financiamiento para programas de adaptación a corto, mediano y largo plazo, en diferentes escalas, desde pequeña hasta gran escala. Esto permitirá fortalecer la investigación, la creación de capacidades y la transferencia de tecnología en este frente, lo cual será beneficioso para ambas regiones. Estos programas, enfocados en sectores críticos como el agua, los bosques y la agricultura, serán de suma importancia para mejorar la comprensión de los impactos en ambas regiones y hacer frente a problemas en aumento como la migración y el incremento de la inseguridad asociada. Además, es fundamental establecer compromisos para abordar las pérdidas y los daños derivados del cambio climático, que van más allá de lo que los esfuerzos de adaptación pueden manejar.

3. Transformar el sector financiero: Ambas regiones han sido parte de un importante debate internacional sobre la reforma del sistema financiero internacional. Sin embargo, no siempre han mantenido posiciones comunes. Por un lado, LAC al igual que otras regiones en desarrollo, enfrenta un desafiante problema de deuda externa que limita el espacio fiscal disponible para la inversión en acción climática. Por lo tanto, se requiere un enfoque integral de la deuda que incluya la cancelación de la deuda de los países menos desarrollados, así como la renegociación y transferencia de la deuda hacia otras economías que necesitan espacio fiscal. La Unión Europea, como un importante colaborador en la región, necesita el compromiso de los países de LAC en la lucha contra el cambio climático, lo cual puede lograrse a través de cambios en los esquemas de financiamiento que permitan desvincular las economías de las actividades extractivas y destinar recursos a la creación de condiciones que faciliten esta cooperación. En este sentido, la Unión Europea debe respaldar los esfuerzos de renegociación de la deuda y la ampliación del espacio fiscal, o de lo contrario, sus iniciativas de cooperación y financiamiento climático en la región no serán efectivas.

4. Nuevos y transformadores esquemas de financiamiento local: Durante años, se ha confiado en la cooperación entre gobiernos como la medida por excelencia para acercar a las regiones. Sin embargo, es ampliamente conocido que los cambios políticos no han logrado mantener acciones sostenibles a largo plazo. Por lo tanto, es necesario generar nuevos esquemas de cooperación que favorezcan y faciliten el acceso a actores no gubernamentales, en particular a las poblaciones locales, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y otras culturas. Son estas comunidades las que permanecerán en el tiempo y serán quienes protejan los territorios, incluso ante cambios políticos.

5. Transparencia al centro de la acción climática: La construcción de la confianza es uno de los principales elementos en la relación entre ambas regiones, que si bien tienen diversos niveles de desarrollo han mostrado por años el potencial de colaboración. Sin embargo, esto requiere de importantes esquemas de transparencia que permitan monitorear los compromisos, pero también ayudar al entendimiento de las necesidades. La transparencia será clave como un principio de acción, que debe acompañarse de participación y acceso a la justicia, todos partes del Acuerdo de Escazú que LAC tiene como instrumento y que la Unión Europea puede y debe apoyar para su propio beneficio, al enfrentar los problemas de violencia, inseguridad que vive en LAC y que amenazan los esfuerzos de inversión y cooperación de la UE.

Estos son todos pasos necesarios para fortalecer la relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Además, lograrlo requiere la participación de los gobiernos. Más importante aún, es necesario fortalecer las relaciones birregionales a través de los actores no gubernamentales, de quienes depende la continuidad de la política, ya que los gobiernos pueden cambiar, pero la sociedad civil representa la memoria histórica de los procesos. En este sentido, esta relación birregional debe perder el miedo a lo local, a lo nuevo, a lo diverso y a lo transformacional. La UE y LAC tienen una relación importante en tiempos de crisis y el éxito de los acuerdos dependerá de una visión balanceada y colaborativa.

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Latin America and the Caribbean and the European Union: An important relationship in the face of the climate crisis

On July 17th and 18th, a meeting will take place between representatives from the countries of Latin America and the Caribbean and the European Union in Brussels, Belgium. This meeting has not previously taken place due to the pandemic and other issues affecting both regions, but it is crucial to design a common agenda in response to multiple global crises, including health, economy, war, and climate. In this context, representatives from civil society, academia, and other key sectors of these regions will also gather on July 13th and 14th in Brussels to develop proposals that will be presented to the governments.

The current global scenario is not conducive to the development of either region. Economic and social differences create a significant gap that, instead of bringing them closer, keeps them apart. However, there is a growing interest in strengthening not only cooperation but also collaboration on critical issues that will shape the future of populations and territories in both regions.

Considering this, the Climate Finance Group of Latin America and the Caribbean (GFLAC), as participants in the civil society working space, has identified at least five urgent areas within the context of the climate crisis that need to be prioritized on the agenda of both regions and emphasized in their implementation. These five topics are not exhaustive but are part of an urgent transformation that will advance low-emission well-being and climate resilience, with a focus on climate justice, equity, and respect for human rights and all species in both regions.

1. Accelerating a just energy transition: Combating climate change is imperative, and it is well known that the only way to achieve it is by reducing greenhouse gas emissions, especially in sectors that contribute the most, such as energy and transportation. While there has been increasing European investment in energy transition and transportation electrification in Latin America and the Caribbean (LAC), it has not been accompanied by a focus on justice and human rights that considers the well-being of the population. The success of financial interventions between both regions will depend on this social well-being. Therefore, investments and cooperation in the transition must be fair, avoiding widening inequality gaps and generating well-being for most of the population while avoiding negative environmental and social externalities.

2. Accelerating financing for adaptation: For years, the global South has been considered the most vulnerable region to the impacts of climate change. However, the heatwaves in Europe in the last decade, the increasing frequency of wildfires, and other impacts have shown that European countries are also vulnerable, although their response capacity is different, creating a gap between both regions. In response to this situation, urgent financing for short, medium, and long-term adaptation programs at different scales is necessary. This will strengthen research, capacity building, and technology transfer, which will benefit both regions. Programs focused on critical sectors such as water, forests, and agriculture will be essential to enhance understanding of the impacts in both regions and address growing issues such as migration and associated insecurity. Additionally, commitments are needed to address losses and damages resulting from climate change that cannot be addressed through adaptation efforts alone.

3. Transforming the financial sector: Both regions have been part of an important international debate on the reform of the international financial system. However, common positions have not always been maintained. On the one hand, LAC, like other developing regions, faces a challenging external debt problem that limits fiscal space for climate action investment. Therefore, a comprehensive debt approach is required, including debt cancellation for the least developed countries and the renegotiation and transfer of debt to other economies in need of fiscal space. The European Union, as a significant partner in the region, needs the commitment of LAC countries in the fight against climate change, which it's possible to achieve through changes in financing schemes that decouple economies from extractive activities and allocate resources to create conditions that facilitate this cooperation. In this regard, the European Union must support debt renegotiation efforts and fiscal space expansion; otherwise, its cooperation and climate financing initiatives in the region will not be effective.

4. New and transformative local financing schemes: For years, government cooperation has been relied upon as the ultimate measure to bring regions closer. However, it is widely known that political changes have not been able to maintain sustainable actions in the long run. Therefore, new cooperation schemes that favor and facilitate the participation of non-governmental actors, especially local populations including indigenous peoples, Afro-descendants, and other cultures, are necessary. These communities will remain over time and will be the ones protecting the territories, even in the face of political changes.

5. Transparency at the center of climate action: Building trust is a key element in the relationship between both regions, which, despite having varying levels of development, have demonstrated the potential for collaboration over the years. However, this requires significant transparency schemes that allow for monitoring commitments and facilitating understanding of needs. Transparency will be crucial as a guiding principle, accompanied by participation and access to justice, all of which are part of the Escazu Agreement, an instrument that LAC possesses and that the European Union can and should support for its own benefit, as it addresses the issues of violence and insecurity in LAC that threaten EU investment and cooperation efforts.

These are all necessary steps to strengthen the relationship between the European Union and Latin America and the Caribbean. Furthermore, achieving this requires the participation of governments. Most importantly, it is necessary to strengthen bi-regional relations through the involvement of non-governmental actors, who are the guardians of policy continuity as governments may change, but civil society represents the historical memory of the processes. In this sense, this bi-regional relationship must overcome the fear of the local, the new, the diverse, and the transformative. The EU and LAC have a relevant relationship in times of crisis, and the success of agreements will depend on a balanced and collaborative vision.